El Estado: ¿cómplice del narcotráfico?

Carlos Rodríguez Nichols

Una de las funciones del Estado es la regulación de la economía. El Estado por medio de una estructura legal reglamenta las relaciones mercantiles. Cuando éstas escapan a los controles estatales se consideran economías informales o ilícitas expuestas a sanciones, en algunos casos, penalizadas con prisión. De esta forma, el Estado es la instancia que marca la línea divisora entre una economía formal de aquellas informales o ilícitas.

No obstante, el producto define el status de dicha economía. Ejemplo de esto es la venta, de forma ilegal, de un producto considerado legal. Las armas, el licor o las obras de arte son productos legales; pero, si estas se comercializan al margen de las regulaciones estatales, de manera contrabandista, la transacción de dichos productos está fuera de los parámetros legales impuestos por el Estado.

Los estupefacientes son productos ilegales al igual que el trasiego de los mismos. De ahí que el narcotráfico sea considerado una economía ilícita tanto desde de la perspectiva del producto como de su comercialización. Así, en las últimas décadas, la producción y la venta ilegal de drogas han creado una economía ilícita, que funciona en la clandestinidad, externa a las prohibiciones estatales.

Para ello, se requiere de una implementación delictiva y criminal que opere, local y globalmente, bajo su propio andamiaje de leyes: códigos que transgreden la legalización estatal, en el que  el crimen es visto como una forma de subsistencia. Un mecanismo defensivo para protegerse de los controles policiales así como de otras  pandillas también implicadas en el trasiego de drogas, armas y trata de personas. Redes criminales donde la violencia ocupa un lugar preponderante para asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los agentes que constituyen el mercado ilegal de los productos ilícitos.

Un entramado en el que participan productores, bandas encargadas de comercializar y distribuir la mercancía, transportistas de la sustancias y testaferros responsables de invertir y blanquear el dinero. Una amalgama de personas que se benefician a lo largo y a lo ancho del planeta: desde el agricultor que siembra la hoja de coca; los inversionista apoderados para la compra de bienes inmuebles; hasta los agentes de las bolsas bursátiles de las principales economías mundiales comprometidos en diversificar los portafolios financieros.

A este punto, se podría cuestionar el rol de las entidades gubernamentales, del cuerpo policial y del poder judicial respecto a estas actividades mercantilistas al margen de las leyes estatales. Pareciera que hay elementos que colaboran en el funcionamiento del sistema ilícito, el cual, no podría existir sin la participación de ciertas instancias de la sociedad. Una relación simbiótica entre las entidades estatales y estas organizaciones criminales que transgreden las leyes impuestas por el Estado. Un doble discurso donde se pone en juego una estrecha interrelación entre el sistema, supuestamente legal, y las redes ilícitas que requieren del favoritismo, directo o indirecto, de políticos, abogados y empresarios, que participan en estas transacciones al margen de la ley con el objetivo de obtener cuantiosas ganancias de dinero y una mayor cuota de poder. Economía y poder: factores indivisibles en el engranaje del mercado ilícito.

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