Colombia: el sinuoso camino hacia la paz

Carlos Rodríguez Nichols

Después de cuatro años de turbulentas negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, el pueblo colombiano dio el domingo pasado una rotunda negativa al acuerdo negociado en La Habana y firmado en Cartagena de Indias. Un referéndum al que estaban llamados treinta y cinco millones a votar, aunque se presentó solamente el cuarenta por ciento del electorado. La gran mayoría de la población colombiana hizo caso omiso al discurso presidencial de asistir a las urnas y apoyar el acuerdo de paz. No les importó el aval del Vaticano, ni la presencia del Rey emérito de España acompañado de una decena de jefes de estado y reconocidas personalidades políticas. El “no” prevaleció ante el intento de una solución al conflicto armado.

Es sorprendente que después de tantos años de angustia y sufrimiento, la mayoría del pueblo se manifieste en contra de la firma de paz entre ambas partes. Entonces, si es así, cabe preguntarse qué y cuáles elementos irrumpen en la escena negociadora para que un magro porcentaje de los votantes, pero mayoría al fin, intente derrumbar este proyecto pacificador. Obviamente, hay una serie de entretelones en el acuerdo firmado entre el oficialismo y las organizaciones revolucionarias. Un sector de la opinión pública considera que las negociaciones son de carácter irresponsable al permitir la impunidad y el ascenso político de las fuerzas armadas revolucionarias: un convenio saturado de escollos y de pasos falsos que no termina  de convencer a un pueblo que durante más de cincuenta años ha estado en guerra de guerrillas, paramilitares, secuestros, extorciones, crímenes y una constante amenaza a la población.

Pareciera que se trata de un problema de credibilidad en las partes involucradas en la negociación; tanto respecto al presidente Santos como hacia a los jefes de la organización revolucionaria. Por un lado, el presidente Santos, el acaudalado oligarca perteneciente a una de las familias más poderosas de la vieja Colombia, entabla relaciones con aquellos jefes de estado que fueron acérrimos enemigos del gobierno de Uribe,  y al que Santos sirvió como ministro de seguridad. En un principio, este movimiento se entendió como una estrategia política para limar asperezas con regímenes opuestos políticamente a Colombia: una cercanía con organizaciones de izquierda, que para muchos resultó incomprensible. Esta postura ideológicamente ambivalente del presidente, sumada a una negligente empatía hacia la empresa privada y a la clase alta a la que él pertenece por crianza y nacimiento, socavó en gran parte la credibilidad del gobernante. El comportamiento de Santos  despierta una serie de dudas en el electorado, que le acusa de una pérdida de su eje ideológico. En este caso particular, es imposible hablar de un desfase social o de un resentimiento de clase, algo que es comprensible en gobernantes de la talla de Rafael Correa o los Kirchner en Argentina.

Por otro lado, los dirigentes revolucionarios con el insistente mensaje de arrepentimiento y  ofrecimiento de perdón a las víctimas de la guerra, resulta todo menos creíble y sincero. Es poco probable que estos violentos agresores que por décadas asesinaron sin piedad, tomen de un momento a otro conciencia de sus faltas y reconozcan un mea culpa. En el transgresor no existe el reconocimiento del mal que ejerce sobre su presa; más bien, el verdugo se coloca en el lugar del doliente, o de víctima de un sistema opresor. Todo indica que más que arrepentimiento es una falsa cantaleta para lograr este acuerdo que beneficia y coloca a las fuerzas revolucionarias en otro estrato social; ocupando, de esta forma, una posición de reconocimiento entre el espectro político nacional.

También, otro factor negativo es el contundente apoyo al acuerdo, de parte de  controversiales figuras políticas como Maduro, los hermanos Castro, el partido comunista español y miembros del extinto grupo terrorista ETA, entre otras agrupaciones de corte radical izquierdista. El interés de estas organizaciones de extrema izquierda por la pacificación, ahondado a los incesantes ofrecimientos de perdón de la guerrilla, activó las luces de alarma en el electorado colombiano. La gente no come cuento, y si de cuento se trata, más vale que esté bien contado, porque no hay nada peor que darse cuenta que el actor que se tiene enfrente está disfrazado y no es el verdadero personaje. A este punto, parece que las fuerzas armadas están más interesadas en la firma del acuerdo, y de ocupar diez escaños en el Senado de la República, que la opción de regresar a la inclemencia de la selva colombiana.

La pacificación de Colombia es deseable desde todo punto de vista, así como la erradicación del acaudalado negocio del narcotráfico en manos de las fuerzas armadas revolucionarias y de las organizaciones paramilitares partícipes en esta suerte de cáncer social. El proceso de paz debe de seguir en pie; acuerdo que debe afinarse por el bienestar del pueblo colombiano, más allá de los intereses  personales o partidistas de las partes involucradas.

El reciente honor otorgado al presidente Santos, hoy Premio Nobel de la Paz,  dignifica el proceso de pacificación y le proporciona un segundo aire a las negociaciones. En palabras del presidente: “esta honrosa distinción no es para mí, es para todas las víctimas del conflicto. Juntos ganaremos el premio más importante de todos: la paz”.

El tiempo dirá si el tratado firmado entre las fuerzas armadas revolucionarias y el gobierno de Colombia permite ciertas enmiendas, o al menos apuntalar una serie de escollos que son el anzuelo para los reproches de un importante sector de la opinión pública, que hasta la fecha se manifiesta en contra del acuerdo.

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