Carlos Rodríguez Nichols
En la última década las naciones mundiales han sido azotadas por la pandemia mundial del populismo. Un síndrome político que no respeta ideologías ni el desarrollo socio económico de los pueblos. Trastoca desde la institucionalidad de la primera potencia mundial, las naciones miembros de la comunidad europea, hasta algunos de los principales estados petroleros del mundo, como es el caso de Venezuela sumida en una penosa miseria y desprestigio internacional.
Con beligerantes alocuciones de corte fascista, los líderes de este movimiento demagógico atacan las premisas partidistas tanto de izquierda y derecha con el único fin de producir una des-composición institucional. Una supuesta depuración del sistema hecha a la medida de estos insensatos políticos, que a la postre tiene más de purga generalizada que de reorganización estatal, sin medir las numerosas consecuencias sociales y económicas a corto o mediano plazo y mucho menos a futuro. Costa Rica no es la excepción al populismo del siglo veintiuno.
A un mes de las elecciones presidenciales, el exasperado y delirante candidato Juan Diego Castro lidera las encuestas. Este controversial protagonista es claro ejemplo de un jactancioso populista que valiéndose de insultos y disparatadas bravuconadas acribilla a empresarios, industriales, sindicalistas, jueces y fiscales con un mensaje más teñido de violencia que de propuestas racionales. Una absoluta pérdida de papeles en las que el entonces Ministro de Seguridad y ahora candidato a ocupar la silla presidencial desfigura el concepto de autoridad interpolándolo con un mensaje ponzoñoso de tintes dictatoriales. En otras palabras, el señor Casto confunde la necesidad de un ordenamiento de la sociedad costarricense, con la obtusa aplicación de medidas despóticas cargadas de un discurso confrontativo muy distante de la idiosincrasia nacional.
Costa Rica es considerada mundialmente una nación pacifista, galardonada en el pasado, con el Premio Nobel de la Paz a uno de sus expresidentes. Por eso, ante esta realidad nacional conciliadora, resulta incomprensible la veloz escalada del belicoso aspirante presidencial. Habría que preguntarse lo que esta suerte de matón de esquina moviliza en el electorado, en la masa de votantes, más allá del hartazgo colectivo en los partidos tradicionales y un cada vez mayor número de desvergonzados funcionarios públicos. Algunos de ellos, hampa de cuello blanco con un comportamiento delictivo similar al lumpen que abarrota los medievales centros penitenciarios del país, esas escuelas superiores de delincuencia que son todo menos módulos correccionales.
Cabría pensar que independiente del espíritu mediocre y conformista del costarricense aún existe la necesidad latente de autoridad. Una figura ley que ponga un alto a la desorganización generalizada que permea la sociedad civil sin distinción de clase o preparación de los ciudadanos. Dicho de otra forma, un irrespeto al orden y a la legalidad en todos los estratos sociales e instituciones del Estado.
Parece que el electorado costarricense hace oídos sordos y se resiste a escuchar las propuestas de los partidos enraizados por generaciones en la política nacional. Entidades que en las últimas décadas han demostrado una absoluta incapacidad para gobernar dentro del marco de transparencia y honestidad, esos férreos valores a los que apuestan y juran eternizar el día de su envestidura, pero rápidamente se desdibujan con el pasar de los meses. Ante esta coyuntura, los votantes inclinan la balanza hacia un iracundo Juan Diego Castro que promete garrote a la corrupción y una limpia del poder judicial, aduanas y puertos, para mencionar solo algunos de los tantos cangrejeros públicos que carcomen el sistema costarricense.
En el supuesto caso de lograr la presidencia de la República, Juan Diego Casto tendrá que enfrentarse a los innumerables obstáculos que supone la enroscada gobernabilidad de Costa Rica, especialmente, al no contar con el respaldo mayoritario legislativo ni tampoco con la solidez de un partido consolidado. Todo esto, sin olvidar las constantes imposiciones que ejerce la Sala Constitucional en el engranaje político costarricense.
Ante esta irrefutable realidad, Casto, como buen demagogo, tendrá que recurrir al apoyo de las multitudes callejeras o gobernar por decreto, ambas soluciones nefastas para los cimientos democráticos nacionales. No hay que ser docto en análisis político para entrever un panorama sombrío de cara a una sociedad costarricense polarizada. Por un lado, los obstinados seguidores de este pendenciero y, por otro lado, el resto del país testigo del patológico comportamiento del ex Ministro de Seguridad y su tóxica verborrea populista.
Realidad Siglo 21 